La Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 ha asistido al IV Congreso Internacional de Compra Pública Verde y Cambio Climático que se ha celebrado los días 2 y 3 de octubre en la Universidad de Alcalá.

El Congreso ha analizado los avances de la compra pública ecológica a la luz del Pacto Verde Europeo y de la reciente legislación sobre cambio climático y transición energética.

El Congreso es una iniciativa del Grupo de Investigación de la Universidad de Alcalá “Compra Pública Verde” en alianza con otros investigadores y expertos en contratación pública y forma parte del Proyecto de Investigación “Compra Publica Verde: Una herramienta estratégica Contra el Cambio Climático. Análisis Sectorial: Alimentación, Edificación, Movilidad y Despoblación”, Referencia: PID2021-122131OB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Ya en su cuarta edición, es un lugar de encuentro de la academia, operadores económicos, tercer sector y, por supuesto de la Administración Pública con responsabilidad en esta materia, por lo que se considera una cita esencial para conocer el estado del arte, actualizar conocimientos, compartir buenas prácticas y explorar las perspectivas de futuro del Green Public Procurement.

Durante las dos intensas jornadas de trabajo se han repasado los desafíos de la compra pública verde, los sistemas de control, la reserva de contratos y se ha participado en una mesa específica sobre residuos y colaboración público-privada, repasando además la incidencia de la construcción sostenible y las experiencias sobre huella de carbono y contratación pública en diversas comunidades autónomas.

Se ha señalado también la reciente publicación del Manual para la contratación pública ecológica de la Administración General del Estado que incluye ejemplos y buenas prácticas de gran utilidad para todos los que participan en la preparación de una licitación.

Los objetivos del Congreso se encuentran íntimamente vinculados con la Estrategia de la Agenda 2030 de Castilla-La Mancha que incluye entre sus líneas de actuación la “Inclusión de criterios ambientales y sociales en las diversas formas de contratación pública de todos los niveles de la Administración.”, para avanzar en sostenibilidad en una materia tan importante, en la Administración regional, como es la contratación pública.