La cantidad de residuos generados crece de forma vertiginosa como resultado de un aumento de consumo y producción y es que la actividad humana es productora de residuos de diversa naturaleza, desde los generados en los hogares, comercios minoristas y pequeñas empresas, que se califican como residuos municipales, pasando por residuos de actividades industriales, agrícolas, constructivas o sanitarias entre otras; todas ellas con características propias de recogida, tratamiento y gestión. El mundo de los residuos es complicado y caro y es necesario que la sociedad conozca sus costes para actuar en consecuencia.

La ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular recoge que, a partir de 2025, los ayuntamientos estarán obligados a repercutir el coste real del servicio de recogida, tratamiento y gestión de residuos en las tasas ciudadanas, un coste que nada tiene que ver con la tasa de basuras que, en la actualidad, y en general, se cobra a la población.

Con esta medida se pretende que la ciudadanía sea consciente de las consecuencias de sus acciones y cambie sus hábitos hacia la reducción de residuos, con un consumo más consciente y una proactividad hacia el reciclaje y la reutilización.

El futuro buscado es aquel en el que el crecimiento económico se desvincula de la generación de residuos, el consumo y la producción son sostenibles, la vida útil de los productos se alarga y, en definitiva, la economía circular es una realidad.