Existe gran preocupación en relación con todos los flujos de residuos puesto que cada vez son más abundantes y es que es inquietante comprobar que, en este caso, los residuos electrónicos han crecido 5 veces más rápido que su reciclaje. Este hecho resulta incomprensible puesto que, la dependencia de unos pocos países para obtener tierras raras debería impulsar las campañas y el interés por el reciclaje de estos elementos cada vez mas frecuentes en nuestra vida.

Si miramos atrás, en 2022 se alcanzó el récord de 62 millones de toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el planeta lo cual supone un aumento del 82% desde 2010 augurando un crecimiento del 32% (82 toneladas) para 2030 según el último informe de Global E-Waste Monitor (GEM) de Naciones Unidas (ONU). Pero es que, además, en 2022, sólo se recogió y recicló de manera adecuada un 22,3% y la tendencia es cada vez menos esperanzadora puesto que se espera una caída al 20% para 2030.

No se puede obviar que, los desechos electrónicos, esos aparatos desechados que tienen enchufe o batería, son muy peligrosos para la salud humana y el medio ambiente al contener sustancias contaminantes y/o tóxicas, pero es que, además, si consiguiéramos su recuperación, en niveles del 60% para 2030 los beneficios superarían con creces los costes de estas labores (de recogida y reciclaje) además de minimizar los riesgos para la salud. Los datos lo dicen todo y, aún así, la reacción se está haciendo esperar.

Y es que, quizás, la solución no esté en la recogida y el reciclaje, sino que el derecho a reparar y su facilidad sean la clave para mejorar los resultados. Así, la directiva que establece las normas comunes para promover la reparación de bienes y con la que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y las Directivas (UE) 2019/771 y (UE) 2020/1828 fue aprobada por el Parlamento europeo el pasado mes de abril.

Con esta directiva se empodera al consumidor para que la reparación sea más barata y fácil que comprar un artículo nuevo con lo que se pretende minimizar este tipo de residuos.

A grandes rasgos, la nueva directiva avala garantías para la reparación de los productos, ampliadas a un año tras la reparación, así como que los fabricantes presten dichos servicios pero, al mismo tiempo el fabricante deberá reparar los productos domésticos comunes, técnicamente reparables según la legislación de la UE e incluidos en una lista que puede ser ampliada en un futuro. Asimismo, se podrá contar con un préstamo del producto mientras dure su reparación o bien optar por los ya, cada vez más comunes, reacondicionados.

Se facilitará la localización de talleres reparadores, adquisición de piezas de recambio, así como iniciativas ciudadanas de reparación (repair cafes).

Pero el impulso de esta nueva tendencia debe ser realizado por cada Estado miembro con medidas que fomenten la reparación con lo que se logrará disminuir los RAEEs y, con estas facilidades, se prolongará la vida útil de los productos disminuyendo los riesgos para la salud.

Ahora sólo falta que la Directiva sea aprobada por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la UE tras lo cual, los estados miembros contarán con 24 meses para incorporarla a su ordenamiento jurídico.