El parlamento europeo da el visto bueno a la Directiva que mejorará el etiquetado de los productos y prohibirá el uso de alegaciones medioambientales engañosas.

Esta nueva directiva, que tiene aún que obtener la aprobación del Consejo para poder publicarse en el Diario Oficial, pretende una mayor protección del consumidor en relación con la publicidad engañosa. De esta forma, pretende empoderar a la ciudadanía en la elección de sus compras puesto que impone requisitos que han de cumplir las etiquetas como la necesidad de tener pruebas que avalen las alegaciones medioambientales tales como «respetuoso con el medio ambiente», «natural», «biodegradable», «climáticamente neutro» o «eco» entre otras.

Asimismo, sólo se permitirán etiquetas de sostenibilidad basadas en sistemas de certificación oficiales o establecidas por las autoridades públicas ya que, lo existente en la actualidad no ofrece un marco comparable entre ellas, creando confusión.

También se prohibirán alegaciones del impacto de los productos por la compensación de las emisiones del mismo y es que, entre otros objetivos, se persigue eliminar de la UE una serie de hábitos comerciales problemáticos relacionados con el blanqueo ecológico y la obsolescencia temprana de los productos

Otro objetivo importante de esta nueva legislación es hacer que productores y consumidores se centren más en la durabilidad de los bienes prohibiendo alegaciones infundadas sobre la durabilidad (número de lavados de una lavadora si en condiciones normales no lo cumple, por ejemplo), sobre el cambio de consumibles antes de lo necesario o vender un producto como reparable cuando no lo es. En el futuro, la información sobre la garantía deberá ser más visible y se creará una nueva etiqueta armonizada para dar más visibilidad a los productos con un período de garantía ampliado.

La Directiva, que está pensada para funcionar conjuntamente con la Directiva sobre alegaciones ecológicas (más específica que ésta) y que se está debatiendo en comisión en el Parlamento en la actualidad, deberá ser aprobada por el Consejo y, posteriormente publicada en el Diario Oficial; será, a partir de ese momento, cuando los Estados miembros contarán con un periodo de 24 meses para incorporarla a su ordenamiento jurídico nacional.