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General

Entrevista del trimestre: Elena Pita Domínguez.

La Oficina Española de Cambio Climático (OECC) se creó en 2001. Es un órgano directivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y está formada por tres subdirecciones generales: la Subdirección General de Mitigación del Cambio Climático; la Subdirección General de Mercados de Carbono y la Subdirección General de Adaptación al Cambio Climático.

 

16 de Julio de 2025

Directora General de la OECC

Castilla-La Mancha convencida del cambio climático está, a día de hoy, actualizando su Estrategia de Cambio climático. Sin duda, esta entrevista aportará mucha información interesante en diversos ámbitos de nuestra Región.

Agradecemos de antemano, la colaboración de Elena Pita Domínguez, Directora General de la oficina de Cambio Climático, ingeniera agrónoma y experta en cambio climático que,  además de contar con amplia experiencia en la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, tanto a nivel nacional como internacional, ha ocupado cargos relevantes en organizaciones como la ONU Medio Ambiente (entidad de las Naciones Unidas encargada de apoyar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático). Anteriormente a este puesto, que ostenta desde enero de 2025, dirigía la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Su bagaje formativo y profesional muestra la preparación que posee para ostentar este puesto que actualmente ocupa.

Muchas gracias Elena, por atendernos, tenemos muchas preguntas a formularle porque el tema nos interesa bastante así pues, no demoramos el comienzo.

1.-Durante los últimos años, desde la OECC, se han impulsado en España multitud de medidas de mitigación del cambio climático, encaminadas a reducir las emisiones de CO2, que están dando sus frutos. ¿Cuáles de ellas están resultando más eficaces hasta la fecha?

Desde mi punto de vista lo más importante es que contamos con un marco normativo y de planificación completo para implementar las políticas de lucha contra el cambio climático, incluyendo la reducción de emisiones. como la ley de cambio climático y transición energética; y también con herramientas enfocadas a los distintos sectores como son con las hojas de ruta y estrategias de economía circular, autoconsumo, almacenamiento, hidrogeno renovable, biogás, o el plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, por señalar algunas de ellas.  

Y estas políticas funcionan, porque España está consiguiendo un crecimiento económico paralelo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es la prueba de que la transición ecológica es una agenda de oportunidades, en línea con una de las ideas clave del Clean Industrial Deal de la UE: la descarbonización es un motor de crecimiento para la economía europea.

2.-Reducir emisiones requiere también medirlas con precisión. ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento que se llevan a cabo en España para comprobar que las políticas climáticas están logrando una reducción de las emisiones?

Reducir emisiones requiere, efectivamente, medirlas con precisión. Y en ese sentido, contamos con herramientas que nos proporciona, por ejemplo, la UE a través del Reglamento de Gobernanza. Se trata de los informes bienales de seguimiento de las políticas y medidas incluidas en nuestra planificación, que permiten evaluar su grado de implementación y efectividad. Además de estos informes, España cuenta con el inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, que proporciona un seguimiento detallado y anualizado de la evolución de las emisiones en todos los sectores. Gracias a este sistema, sabemos que en 2023 se registró una reducción significativa de emisiones, especialmente en el sector eléctrico, cuya descarbonización progresiva sigue siendo uno de los principales motores del cambio.

3.-En Castilla-La Mancha existen más de setenta instalaciones sometidas al régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE. ¿Cómo se valora desde esa OECC su funcionamiento como instrumento para reducir las emisiones, y qué mejoras podrían plantearse para aumentar su eficacia?

Nuestra valoración es muy positiva. Los mercados de carbono bien diseñados tienen un efecto positivo ante el cambio climático, ya que permiten reducir el costo de la transición ecológica y aumentar la ambición en la mitigación de emisiones. Las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria y sector de generación eléctrica, reguladas mediante este régimen desde que entró en funcionamiento, se han reducido un 62% en España desde 2005. Asimismo, poner un precio sobre el carbono crea un estímulo económico para evitar tales emisiones, aplicando el principio de quién contamina paga. Además, al tiempo que se incentiva la reducción eficiente de las emisiones se generan recursos que pueden ser utilizados para financiar otras políticas de cambio climático. En el año 2024, por ejemplo, se obtuvieron por esta vía más de 2.500 millones de euros. En los próximos años, el desafío será seguir aumentando poco a poco los esfuerzos para frenar el cambio climático, al mismo tiempo que se protege la competitividad de las industrias. También es clave que los recursos generados se inviertan en ayudar a los sectores más afectados a reducir sus emisiones, y que el proceso se lleve a cabo de forma justa para todos.

3.bis. Dada la importancia que está adquiriendo la lucha contra el cambio climático en 2023 se modificó la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión introduciendo cambios sustanciales para un mayor control y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero aún no está traspuesta al ordenamiento jurídico español. ¿Hay una previsión de cuando se realizará esta trasposición?

Efectivamente, se está tramitando en el Congreso una modificación de la Ley 1/2005, mediante la cual se van a transponer las últimas novedades introducidas en el régimen de comercio de derechos de emisión. El expediente está actualmente en manos del poder legislativo y confiamos en que el proceso avance con agilidad, dado que se trata de una reforma clave para garantizar la plena implementación del régimen y aportar mayor seguridad jurídica a todos los actores implicados.

4.-En Castilla-La Mancha estamos, en este momento, actualizado la Estrategia de Cambio Climático Horizonte 2030, en concreto las medidas de adaptación. ¿Qué importancia tienen este tipo de medidas, en un contexto en el que habitualmente son las medidas de reducción de emisiones las que suelen llegar más a oídos de la población?

Frente al cambio climático contamos con dos grandes tipos de respuestas. La mitigación aborda las causas; la adaptación las consecuencias. La mitigación se centra en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son el motor del fenómeno; la adaptación en identificar los riesgos que se derivan del cambio climático para gestionarlos mejor, previniendo o minimizando los potenciales impactos y desarrollando más resiliencia.

Sin una mitigación ambiciosa la adaptación será más difícil, más cara y menos efectiva. Y, a la larga, en muchos casos nuestra capacidad adaptativa se verá irremediablemente desbordada. En definitiva, adaptación y mitigación son dos caras de una misma moneda: ambas imprescindibles y estrechamente relacionadas.

5.-En este contexto de actualización de nuestra Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, se está poniendo de manifiesto que la adaptación requiere de una coordinación entre distintas áreas o sectores, por ser un elemento transversal. Desde la OECC ¿Cuáles son los principales retos a la hora de implantar políticas de adaptación al cambio climático en las distintas políticas sectoriales, en áreas que puedan no estar directamente relacionadas con el medio ambiente?

Efectivamente, uno de los grandes retos de la adaptación es su carácter transversal y la necesidad de integrarla en todos los sectores. De hecho, el objetivo principal del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) es promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España. Lograr esta coordinación implica esfuerzos importantes en materia de gobernanza y de promoción de la participación de todos los actores involucrados en la adaptación. Tanto el PNACC como sus Programas de Trabajo parten de una identificación participativa de las necesidades de adaptación en los diferentes sectores, y su desarrollo cuenta con la participación de 18 ministerios y contribuciones por parte de otras muchas administraciones y entidades muy diversas.

Por poner un ejemplo de lo que supone este desafío, recientemente organizamos unos talleres multisectoriales para recoger ideas de cara al nuevo Programa de Trabajo del PNACC para el periodo 2026-2030 en el que estamos trabajando en estos momentos. En estos talleres participaron más de 190 personas expertas en 24 sesiones temáticas centradas cada una en diferentes sectores del PNACC.

Dicho esto, y aunque hemos avanzado mucho en la transversalización de la adaptación en los últimos años, la complejidad de los riesgos del cambio climático implica que debemos seguir reforzando los esfuerzos colectivos, por ejemplo, frente a aquellos riesgos que tienen implicaciones en varios ámbitos y requieren de una coordinación intersectorial. En el caso de la salud y el cambio climático contamos con un ejemplo interesante, el Observatorio de Salud y Cambio Climático, que reúne, entre otros, a representantes del sector sanitario y la salud laboral, la meteorología, la ciencia y la propia adaptación.

6.-La adaptación al cambio climático requiere también una acción coordinada por parte de las distintas Administraciones Públicas, desde el nivel europeo hasta el local. En este sentido, ¿qué importancia se otorga a esta coordinación por parte de las AAPP, a la hora de definir políticas de adaptación?

La coordinación interadministrativa es una condición básica para el éxito de las políticas públicas en general, pero, en el caso de las políticas de adaptación, esta condición se convierte en primordial, dado que la acción adaptativa se materializa en territorios y comunidades concretos, con características peculiares y con exposición y vulnerabilidad específicas frente a las amenazas climáticas.

Si antes hablábamos de la necesidad de una coordinación horizontal, intersectorial e interdepartamental imprescindible para abordar los riesgos que impone el cambio climático, tenemos que destacar, igualmente, la necesidad de una coordinación vertical, que parte de unas políticas internacionales y europeas, y que en nuestro país se traduce en políticas nacionales, que van percolando y orientando políticas autonómicas y locales.

En la OECC mantenemos una línea de diálogo y colaboración estable con las comunidades autónomas en materia de adaptación, a través del Grupo de Trabajo sobre Impactos y Adaptación.  Es un espacio de encuentro, información cruzada, intercambio y aprendizaje, muy útil para encauzar esta necesidad de coordinación.

Respecto a la colaboración con las entidades locales, también mantenemos una línea de trabajo conjunto y de apoyo financiero a la Red de Ciudades por el Clima

7.-Respecto a las comunidades autónomas, ¿qué papel están llamadas a jugar de cara a lograr que se alcancen los objetivos climáticos nacionales y europeos?

Las comunidades autónomas desempeñan un papel operativo crucial en el logro de los objetivos climáticos ya que, como administraciones con competencias clave, son las responsables de trasladar las políticas nacionales y europeas a escala regional y local.

Muchas han desarrollado sus propias estrategias y planes autonómicos, y un número creciente dispone ya de ley propia que regula su acción en materia de cambio climático. Además, desempeñan competencias fundamentales para la acción climática en ámbitos como la gestión del medio ambiente, la ordenación del territorio y el urbanismo, la energía, el transporte y la movilidad, o la agricultura y el desarrollo rural, todos ellos sectores directamente vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático.

Su cercanía al territorio les permite actuar como puente entre las políticas macro y la acción concreta, facilitando la colaboración con entidades locales, empresas y sociedad civil para garantizar una transición ecológica eficaz, justa y territorialmente equilibrada.

8.-En Castilla-La Mancha hemos financiado diversos proyectos de adaptación al cambio climático en el ámbito municipal mediante ayudas estatales PIMA-CC, siendo conscientes de que muchos ayuntamientos, especialmente los más pequeños, no tienen recursos para desarrollar planes de adaptación. ¿Hasta qué punto son importantes las medidas de adaptación llevadas a cabo a nivel municipal?

Como hemos mencionado anteriormente, la adaptación es una actividad completamente “localizada”, aterrizada en un determinado contexto físico y social, con características, potencialidades y vulnerabilidades específicas. El cambio climático es un fenómeno global, a menudo abstracto, que, sin embargo, se traduce en impactos concretos que adoptan formas diferentes según los territorios y poblaciones, que también tienen distintas capacidades de respuesta adaptativa.

Por todo ello, las directrices, orientaciones y soluciones disponibles para mejorar la preparación frente a los riesgos climáticos y para aumentar la capacidad de reacción y recuperación ante los impactos deben encontrar la manera de concretarse, de hacerse viables, en una escala territorial adecuada, que muy a menudo es la local.

Por otro lado, las personas habitamos ciudades y pueblos concretos, y nuestro bienestar y seguridad van a depender de la adecuación de dichos entornos a las nuevas condiciones climáticas. Esto va a implicar transformaciones importantes en el ámbito municipal que no pueden demorarse, por lo que todo el apoyo, no solo financiero sino también técnico, que ofrezcamos a las entidades locales será una inversión en un mejor futuro. Las medidas de adaptación al cambio climático no solo ayudan a reducir riesgos climáticos, sino que también generan cobeneficios o beneficios múltiples que impactan positivamente en otros ámbitos sociales, económicos y ambientales.

9.-En Castilla-La Mancha hemos podido comprobar el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, y por desgracia de sus devastadoras consecuencias, que han afectado a algunos de nuestros municipios. ¿Se considera que las AAPP están suficientemente preparadas para anticiparse a los impactos del cambio climático?

Cada cultura se encuentra adaptada al clima en el que se desarrolla. El problema es que el cambio climático nos lleva a un nuevo territorio que es, en muchos sentidos desconocido. Especialmente en lo que toca a los eventos extremos donde, por desgracia, nos enfrentamos a situaciones sobre las que no teníamos experiencia previa. En este sentido, hay que reconocer que nos queda mucho por saber y por cambiar. Precisamente por eso necesitamos impulsar una adaptación ambiciosa, que nos permita reconocer los posibles escenarios a los que previsiblemente deberemos enfrentarnos y activar la acción anticipada y preventiva. Y este contexto de incertidumbre y necesidad de anticipación, las Soluciones Basadas en la Naturaleza se presentan como una herramienta poderosa para reforzar la capacidad de adaptación de las Administraciones Públicas (AAPP) de forma integrada, justa y sostenible. Estas soluciones aprovechan los ecosistemas y sus servicios para reducir riesgos climáticos, mejorar la resiliencia territorial y generar beneficios múltiples para la sociedad.

10.-¿Qué riesgos climáticos se consideran más urgentes para nuestro país a corto plazo, y cómo cree que podrían abordarse?

El conjunto de riesgos a los que debemos dar respuesta ya en el corto plazo es muy amplio. La evaluación nacional de riesgos que actualmente estamos finalizando nos está permitiendo identificar algunos riesgos clave. Son riesgos que guardan relación con numerosas áreas de la gestión pública: la salud, los recursos hídricos, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, el transporte, sin olvidar sectores económicos muy asociados al clima como la agricultura, el sector forestal o el turismo.

11.-La colaboración público-privada puede ser una palanca para acelerar la adaptación al cambio climático. ¿Qué podemos hacer las AAPP para facilitar esta colaboración sin perder de vista que debemos actuar como motor para alcanzar los objetivos climáticos?

El grado y alcance de las transformaciones que debemos acometer ante el desafío del cambio climático son enormes. Es un proceso que supone ajustar los procesos productivos y los sistemas de aprovechamiento de recursos básicos, como el agua; adaptar los espacios naturales, rurales y urbanos; cambiar muchas formas de organización social y hábitos adquiridos… Hay un enorme trabajo por delante que no pueden abordar las administraciones exclusivamente. La participación de toda la sociedad en su conjunto va a ser imprescindible y, en este sentido, también lo es establecer colaboraciones público-privadas, de las administraciones con el sector empresarial y con el tercer sector, así como sistemas de cooperación público-comunitarias, de las administraciones con personas y grupos activos de la sociedad civil. Se trata de construir una noción expandida de lo público, basada en el reconocimiento de nuevas modalidades de gestión que promuevan la participación de la ciudadanía.

Para que la colaboración público-privada sea realmente una palanca de transformación, es fundamental que las inversiones privadas se orienten hacia metas climáticas claras y verificables. Las Administraciones Públicas (AAPP) tienen un papel estratégico como motor y guía de esta transición, no solo facilitando el entorno, sino también marcando el rumbo

12.-En una región como Castilla-La Mancha, donde el agua es un recurso escaso por naturaleza, la adaptación al cambio climático es prioritaria. ¿Se destaca alguna medida concreta promovida en España para mejorar la gestión del agua, sobre todo de cara a afrontar sequías prolongadas?

Sin duda, el agua y los recursos hídricos constituye uno de los ámbitos prioritarios en el Plan Nacional de Adaptación, por los riesgos asociados a fenómenos cada vez más frecuentes e intensos, como las sequías e inundaciones, así como a la reducción de la disponibilidad de agua para la población, las actividades económicas y los ecosistemas.

Por ejemplo, en la Oficina hemos colaborado en el desarrollo de evaluaciones de riesgos y estudios específicos de adaptación a nivel de demarcación hidrográfica en el marco del próximo ciclo de planificación hidrológica (2027-2032). Esto permitirá identificar y priorizar los riesgos clave en cada territorio, así como orientar mejor la toma de decisiones en la implementación de las medidas de adaptación más adecuadas.

Además, los nuevos Planes Especiales de Sequía muestran un avance significativo en relación con la adaptación al cambio climático. Integran un mejor análisis de los componentes del riesgo a través de indicadores de amenaza, exposición y vulnerabilidad; combinan el análisis de los impactos observados (sequías históricas, caracterización de sequías prolongadas y situaciones de escasez declaradas) y los impactos potenciales, a través de proyecciones climáticas; incorporan análisis predictivos de 3 a 6 meses para anticiparse a sus efectos; e introducen mejoras en el seguimiento y evaluación permitiendo valorar la efectividad de las medidas adoptadas e identificar las lecciones aprendidas en la gestión del riesgo.

13.-El sector agrícola está especialmente expuesto a los efectos del cambio climático, como la escasez de agua, el aumento de temperaturas o la pérdida de suelos fértiles. ¿Qué medida concreta, promovida en España, puede destacarse para ayudar al campo a adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas?

La agricultura es un sector especialmente vulnerable al cambio climático, pero también enormemente diverso, con condiciones que varían según el tipo de cultivo y la ubicación geográfica. Por ello, no existe una única medida que pueda aplicarse de forma generalizada.

Sin embargo, hay estrategias clave que merece la pena destacar. Entre ellas, la selección de variedades más resilientes al clima, la adopción de prácticas agronómicas que reduzcan la pérdida de agua y protejan mejor el suelo, así como el impulso a los seguros agrarios, que están adquiriendo un papel cada vez más estratégico para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones ante fenómenos extremos.

Es importante subrayar que los agricultores no están solos en esta transformación. La adaptación del sector agrario al cambio climático requiere una mirada integral que abarque toda la cadena de valor agroalimentaria: desde los proveedores de insumos, la industria de transformación, la distribución y comercialización, hasta los consumidores finales. Las administraciones públicas tienen un papel clave en el diseño de políticas, incentivos y marcos normativos que faciliten la transición ecológica del sector; la sociedad civil puede impulsar cambios en los hábitos de consumo, apoyar modelos de producción sostenibles y participar en procesos de gobernanza territorial; la academia y los centros de investigación son fundamentales para generar conocimiento, desarrollar tecnologías adaptativas y formar a los profesionales del futuro; y el sector privado, desde agricultores individuales, cooperativas y grandes empresas, debe tomar decisiones económicas coherentes con la nueva realidad del cambio climático e invertir en innovación, logística sostenible y modelos de negocio resilientes

Por nuestra parte, en el MITECO, en colaboración con AEMET, estamos trabajando por ejemplo para mejorar los servicios de predicción y las proyecciones climáticas específicas para el sector agrario. Nuestro objetivo es facilitar información útil y adaptada que permita a los agricultores ajustar sus calendarios y tomar decisiones clave en función de las condiciones meteorológicas y climáticas esperables cada año.

14.-El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) Horizonte 2030 es una herramienta clave que en su última actualización incluye objetivos ambiciosos, como la reducción del 32 % de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990. ¿Qué elementos de dicho Plan están siendo conseguidos más exitosamente? ¿Hay algún aspecto que pudiera reforzarse en futuras actualizaciones?

El principal objetivo de la actualización del PNIEC ha sido precisamente reforzar sus contenidos, incorporando además los importantes avances logrados desde 2020, especialmente gracias a la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este Plan ha canalizado más de un 40% de las inversiones hacia proyectos verdes, es decir, con impacto positivo en la transición ecológica.

Estas inversiones han permitido acelerar el despliegue del Plan de Descarbonización del PNIEC y avanzar en el cumplimiento de sus objetivos. Muchas de las actuaciones del PRTR responden directamente a medidas ya contempladas en el PNIEC, lo que ha favorecido el crecimiento de las energías renovables en el sector eléctrico y ha tenido un efecto tangible tanto en las personas como en las empresas, con un impulso notable, por ejemplo, al autoconsumo.

Además, se han promovido otras líneas de actuación como la rehabilitación energética de edificios, la movilidad eléctrica, el desarrollo del hidrógeno renovable y la mejora y conservación de los sumideros de carbono en España.

Respecto a las cuestiones a reforzar, una de una de las prioridades que abordaremos a partir del año que viene son las medidas dirigidas a las personas más afectadas por la transición energética, las personas vulnerables a la pobreza energética y pobreza en transporte, así como las microempresas que van a sufrir un mayor impacto y que tienen menos capacidad económica. Para ello estamos diseñando un Plan Social para el Clima, con medidas que van a permitirnos avanzar en la transición ecológica, al tiempo que trabajamos en la equidad.   

15.-¿Para la OECC son compatibles el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático?, Y yendo un poco más lejos, ¿el hecho de no llevar a cabo ninguna acción contra el cambio climático pudiera incluso afectar negativamente al crecimiento económico de nuestro país?

Hace ya tiempo que se ha demostrado que el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático se refuerzan mutuamente, y que en un contexto de cambio climático, la única forma de alcanzar prosperidad es integrando medidas de descarbonización y la resiliencia de manera justa y equitativa. Es lo que se conoce como el desacoplamiento entre crecimiento económico y emisiones de gases de efecto invernadero. En España, este desacoplamiento es ya una realidad: en 2023, el PIB creció un 2,7 %, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 7,6 %.

También contamos con cada vez más evidencias de los riesgos que implica no actuar frente al cambio climático. Numerosos estudios coinciden en que el coste de no hacer nada es muy superior al de actuar. Las inversiones necesarias para mitigar el cambio climático y adaptarnos a sus efectos son significativamente menores que las pérdidas económicas derivadas de un clima más cálido, inestable y extremo.

Sectores clave de nuestra economía como la agricultura, la silvicultura, el turismo o el transporte dependen directamente de unas condiciones climáticas estables. Pero también otros ámbitos fundamentales para el bienestar de la población, como la salud, el agua, la biodiversidad o la vivienda, se ven afectados por los impactos del cambio climático.

Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), y pese a los esfuerzos actuales de mitigación y adaptación, los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos causaron en la Unión Europea unas pérdidas económicas estimadas en 738.000 millones de euros entre 1980 y 2023, de los cuales más de 162.000 millones (un 22 %) se produjeron solo entre 2021 y 2023.

Además, las inversiones en acción climática —tanto en mitigación como en adaptación— no solo reducen riesgos, sino que generan múltiples beneficios adicionales: impulsan la innovación, crean empleo, mejoran la salud pública y contribuyen a conservar la biodiversidad. Avanzar en la transición ecológica es una oportunidad para construir una economía más resiliente, sostenible y justa.

16.-El reciente apagón que sufrimos en el pasado mes de abril puede que haya reabierto el debate sobre la capacidad de las energías renovables para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Desde la OECC ¿cómo se valora el papel de las energías renovables en la seguridad del suministro eléctrico en España?

Las energías renovables son la clave para la descarbonización del sistema eléctrico, y hoy nadie puede dudar que son competitivas y maduras. Además, tenemos la suerte de contar con un gran recurso solar y eólico en nuestro país.

En lo referente a la seguridad de suministro, la clave es combinar las renovables con el almacenamiento energético, que nos permite almacenar energía cuando tenemos un exceso y utilizarla en el momento en que tenemos menos recurso disponible.

El almacenamiento no solo garantiza una mayor flexibilidad en la gestión del sistema, sino que también contribuye a su estabilidad. Además, para que las energías renovables puedan garantizar plenamente la seguridad del suministro eléctrico, es fundamental contar con una red de interconexiones eléctricas robusta y bien dimensionada. Por tanto, la combinación de renovables, almacenamiento y una red interconectada es fundamental para asegurar un modelo energético verde y resiliente.

17.-En Castilla-La Mancha estamos gestionando fondos Next Generation EU destinados a mejorar la gestión de los residuos municipales, lo cual contribuye directamente a la lucha contra el cambio climático. ¿Qué papel están jugado estos fondos europeos en la lucha contra el cambio climático?

Para complementar el desarrollo de políticas y estrategias y acompañar a los sectores económicos en su implementación, el gobierno ha diseñado distintas ayudas e incentivos.  En este ámbito, los fondos Next Generation EU, y en particular los canalizados a través del Plan de Recuperación y Resiliencia de España han desempeñado un papel fundamental.

En el PRTR la transición verde es una prioridad. De los 163.000 millones del total del PRTR, 23.288 millones se gestionan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hasta 2026 se han presupuestado acciones en energías renovables y su cadena de valor, hidrógeno verde, almacenamiento energético y redes, eficiencia energética, resiliencia hídrica, economía circular, biodiversidad, movilidad sostenible, o transición justa. Es la primera vez que se destinan en España tales importes a las políticas de transición ecológica.

Esta financiación europea ha tenido y tiene un impacto directo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero las inversiones como comentaba antes, no sólo reducen emisiones, sino que también protegen otros aspectos ambientales, como la biodiversidad, el agua y los recursos naturales, y contribuyen también al desarrollo económico local y a la creación de empleo verde.

Castilla-La Mancha, por supuesto, está siendo protagonista activa en esta aplicación del de estos Fondos y es que el PRTR es una oportunidad para que la región siga avanzando hacia un modelo de desarrollo más sostenible, resiliente y respetuoso con el entorno. La mejora de la gestión de residuos es un ejemplo concreto de cómo una política bien diseñada, respaldada por financiación europea y ejecutada desde lo local, puede contribuir eficazmente a la lucha contra el cambio climático y al cumplimiento de los compromisos ambientales nacionales e internacionales.

Este esfuerzo regional forma parte de una estrategia más amplia de acción climática a nivel europeo, donde la financiación pública actúa como palanca para transformar modelos productivos, de consumo y de gestión ambiental, asegurando una transición verde justa y eficaz. En definitiva, estos fondos europeos son una herramienta estratégica para impulsar una economía verde, digital y resiliente.

18.-España ha formado parte y ha tenido un papel activo en las negociaciones climáticas a nivel internacional. ¿Qué logros se destacan de la participación española en las últimas COP?

En el contexto internacional, España defiende la ambición climática, el multilateralismo como la vía más eficiente de dar una respuesta global a los problemas globales, y la solidaridad entre países y con las generaciones futuras. Y efectivamente, España ha desempeñado y desempeña un papel importante en las negociaciones climáticas como actor que trabaja para la construcción de puentes entre los países del norte y del sur a favor de acuerdos ambiciosos.

Este compromiso con la cooperación y solidaridad norte-sur se plasma en el hecho de que las presidencias de la COP cuentan con España a la hora de facilitar la negociación porque conocen nuestro buen hacer. Pero no solo eso. En 2023, España lideró a la Unión Europea durante la Presidencia de turno de la UE coincidiendo con la Cumbre del Clima de Dubái (COP28). En esta COP la comunidad internacional se puso de acuerdo sobre la necesidad de eliminar los combustibles fósiles y sustituirlos por energías renovables y eficiencia energética, un acuerdo en el que la UE fue un actor fundamental.  

19.-La participación ciudadana es clave de cara a la elaboración de las políticas en general, y especialmente las de carácter ambiental y climática. ¿Existe alguna acción llevada a cabo por la OECC, que pueda destacarse, que haya sido desarrollada para involucrar a la sociedad en la toma de decisiones?

La participación ciudadana es un pilar fundamental en la elaboración de las políticas públicas, especialmente en el ámbito ambiental y climático, donde las decisiones requieren una implicación amplia y sostenida de toda la sociedad. En este sentido, la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) ha impulsado diversas vías de participación, pero me gustaría destacar especialmente la Asamblea Ciudadana para el Clima.

Esta iniciativa pionera reunió a 100 ciudadanos y ciudadanas seleccionados de forma representativa para informarse, deliberar y formular recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas sobre cómo avanzar en la lucha contra el cambio climático. Su valor ha sido múltiple.

En primer lugar, ha servido para inspirar la acción y la toma de decisiones de las administraciones públicas, aportando propuestas concretas desde una mirada ciudadana. También ha dado voz a sectores sociales que a menudo quedan al margen de los grandes debates políticos y climáticos, fomentando una participación más inclusiva.

Además, la Asamblea ha supuesto un impulso a la innovación democrática, al explorar nuevas fórmulas de participación que permiten una mayor influencia de la ciudadanía en la vida pública.

Otro aspecto relevante ha sido la posibilidad de conocer de forma directa cuál es la percepción ciudadana sobre las políticas climáticas, tanto públicas como privadas, algo esencial para diseñar estrategias eficaces y socialmente aceptadas.

Asimismo, ha representado un valioso ejemplo de civismo activo, que refuerza la implicación social en la transición ecológica.

Y, por último, la experiencia ha permitido constatar el potencial de este tipo de asambleas como herramienta replicable a nivel regional y local, abriendo la puerta a modelos de gobernanza más participativos en distintos territorios.

En definitiva, la Asamblea Ciudadana para el Clima ha demostrado que contar con la ciudadanía no solo es deseable, sino también imprescindible para construir políticas climáticas más ambiciosas, justas y eficaces.

20.-Además de las políticas públicas, la lucha contra el cambio climático necesita de una sociedad suficientemente concienciada. En la experiencia de la OECC, ¿qué estrategias de sensibilización han demostrado ser más efectivas para concienciar a la ciudadanía?

La lucha contra el cambio climático implica importantes transformaciones estructurales, donde los medios tecnológicos son importantes. Y necesita ir acompañada de una transformación cultural que requiere una sociedad consciente y preparada también. Necesitamos ir creando una cultura de la adaptación y la autoprotección que haga posible que la lucha contra el cambio climático se convierta en un reto compartido. Para ello las personas tienen que tener acceso a información actualizada y completa sobre el problema y las soluciones y oportunidades asociadas, así como acceso a la capacitación, porque la sensibilización por sí sola no es suficiente: es necesario que todos contribuyamos de la forma más efectiva posible. Afortunadamente, los medios de comunicación españoles están cada vez más concienciados, no sólo trasladando los problemas asociados al cambio climático sino también empezando a hablar de soluciones, algo que resulta esencial para pasar de espectadores a actores responsables.

Sin duda, todo lo que nos cuentas es de gran utilidad y podríamos continuar con esta conversación tan interesante, pero, si nos lo permite, dejamos el resto de cuestiones para otra ocasión. Muchas gracias por aportarnos su visión y experiencia y le deseamos un feliz verano.