Buenos días, Gemma. Muchas gracias por atender a nuestra llamada.

Uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad es la transición hacia una economía circular en la que la fiscalidad ambiental constituye una herramienta fundamental, tal y como refleja la Estrategia Española de Economía Circular. Para los que no estamos muy familiarizados con términos económicos, ¿Cómo se define el término fiscalidad ambiental? ¿Cómo contribuye a esta transición?

La fiscalidad ambiental constituye el principal instrumento que es utilizado por todos los niveles de gobierno para fomentar la transición hacia la economía circular y que tiene una finalidad de incentivar el cambio de comportamiento de los actores públicos y privados para lograr una producción y consumo más sostenible. Estas medidas actúan, en unas ocasiones, penalizando con un mayor gravamen a las conductas que tienen mayor impacto nocivo en el medioambiente y, en otras, introduciendo incentivos fiscales en forma de bonificaciones, deducciones o reducciones en la cuantía a pagar de nuestros tributos.

Es indudable que el desarrollo sostenible forma parte de las agendas públicas de los gobiernos a diferentes escalas (europea, nacional, regional y local). ¿Cuáles son las principales herramientas fiscales para el desarrollo del territorio?

En efecto, la sostenibilidad está muy presente en la toma de decisiones públicas y es un elemento que vertebra con carácter multisectorial los programas de gasto de los presupuestos públicos. Podemos decir que existe una especie de “motorización” de medidas que persiguen el desarrollo del territorio y que aportan recursos financieros para la conservación de nuestro patrimonio y entorno natural, como son impuestos sobre el turismo sostenible que se están prodigando en los últimos tiempos. Pero también son destacables las estrategias fiscales que se siguen a nivel global y europeo que conducen a salvaguardar el crecimiento económico y la competitividad empresarial. En este terreno debemos citar medidas de inversión pública, apoyo financiero o incentivos fiscales para tener ciudades sostenibles, lo cual afecta esencialmente a sectores como la vivienda y el transporte.

Desde tu experiencia, ¿qué tendencia existe a nivel europeo en el uso de estas herramientas fiscales? ¿Existe algún modelo especialmente exitoso en este campo?

A nivel europeo la estrategia sobre la electrificación del transporte, la promoción del uso de materiales sostenibles y los objetivos de reducción en la generación de residuos centran la adopción de medidas fiscales. Las instituciones europeas han insistido con distintas recomendaciones a los Estados miembros en la necesidad de adoptar medidas fiscales que colaboren en la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de los objetivos europeos y que se concretan en la actuación sobre plásticos y residuos. Podemos citar tasas para el acceso al centro de las ciudades que se han extendido en los últimos años o impuestos exigidos por la pernoctación en alojamientos turísticos (Berlin, Lisboa…). En especial, existen estrategias sobre residuos que sirven de modelo en España para la adopción de tasas locales de pago por generación en nuestro país como la Estrategia Residuos 0 de Capannori en Italia.

Coordinas/diriges un equipo de investigación en la UCLM llamado Circulecon: fiscalidad y economía circular, ¿cómo se ensamblan o enlazan estos dos conceptos?

La ejecución de nuestros proyectos CIRCULECON está siendo muy satisfactoria porque creo que hemos conseguido un desarrollo de actividades diversificado en la materia. Nos ocupamos de formular propuestas para diseñar medidas financieras y fiscales que dinamicen el proceso de transición hacia una economía circular y, estoy convencida de que ello debe hacerse de modo didáctico, formando y concienciando a todos los actores implicados en que es posible el cambio de modelo productivo y de consumo. Por ello, nos hemos volcado en la divulgación, conferencias técnicas, cursos especializados y publicaciones que pretendemos tengan llegada a los amplios sectores de la sociedad e instituciones públicas y privadas.

¿En qué líneas trabaja el equipo actualmente?

En estos momentos nuestro trabajo se centra en la implantación de las tasas locales de pago por generación que constituye una obligación derivada de la Ley de Residuos de 2022. Esta cuestión ha generado múltiples controversias en su aplicación y los entes locales precisan de apoyo técnico y respuesta en el debate muy intenso en la actualidad. Además, este tema promete tener una trayectoria en el futuro que precisa de seguimiento y acción por nuestra parte.

Desde 2022 formas parte del Consejo Asesor de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ¿qué supone pertenecer a este Consejo? ¿cuáles son sus principales funciones?

Este órgano fue creado en 2022 con el propósito de evaluar y garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados institucionalmente en materia de transición ecológica de acuerdo con los criterios fijados por el MITERD en su Estrategia nacional de economía circular. Los miembros del Consejo asesor tenemos la principal función de proponer nuevas medidas en los planes de implementación de dicha estrategia. En estos momentos, trabajamos en la elaboración del II Plan de Acción de Economía Circular para el próximo bienio 2024-26.

La ciudadanía tiene un papel fundamental en la transición hacia la economía circular. Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece varias obligaciones a las entidades locales, tales como aprobar programas de gestión de residuos o implantar una tasa específica que refleje el coste real de la gestión de los residuos. ¿Cuáles son las principales dificultades que están teniendo los ayuntamientos de Castilla-La Mancha para cumplir con estas obligaciones? ¿En qué estado de cumplimiento se encuentra la región?

Nuestra región tiene el principal reto del cumplimiento de la obligación de implantar la tasa de residuos en un territorio conformado por pequeños municipios con escasa capacidad técnica para la nueva regulación de ordenanzas locales exigida. En cualquier caso, los municipios están ocupándose de adaptarse a las exigencias legales y se encuentran en pleno proceso de modificación de sus Ordenanzas locales. El segundo reto es escasa madurez en la formación y concienciación en cuanto al depósito correcto y separación de residuos, aspectos en los que es imprescindible incidir. La tasa puede hacer mucho por ambos desafíos, ya que la cuantificación de los costes de la gestión de residuos debe trasladarse a los ciudadanos y es el modo de concienciarlos. La colaboración de los ciudadanos en la correcta separación y depósito de los residuos reduce los costes de gestión y, por tanto, deberán pagar menos de forma paulatina si lo hacen bien.

Sin duda, la implantación del pago por generación o del impuesto sobre el depósito vertedero están suscitando mucha polémica. En cambio, poco se dice de cómo se pueden aminorar. Por ejemplo, la separación en origen es fundamental puesto que los costes los sufragan los diferentes SCRAP. En base a tu experiencia, ¿se ha hecho una apuesta decidida por parte de los gobiernos locales para incentivar la recogida separada o establecer bonificaciones?

Hay que ir hacia un modelo de corresponsabilidad en los objetivos de reducción en la generación de residuos y de mejora en la calidad de separación de los residuos. Es el momento de que los entes locales tomen decisiones para hacer perceptible a través de bonificaciones o reducciones un tratamiento fiscal diferenciado a los comportamientos responsables de los ciudadanos.

Las figuras tributarias y financieras son los principales instrumentos para lograr la sensibilización y movilizar a consumidores y productores. ¿Cómo se le puede transmitir esto a la ciudadanía?

La fórmula del pago de los tributos en función de la cantidad de residuos generada es esencial para lograr mayor sensibilización y colaboración ciudadana. Pero también hay que explicar a la ciudadanía que estamos en el inicio de un proceso en transición, que su comportamiento incide en el progreso paulatino hacia la economía circular que no puede prescindir del apoyo de todos y cada uno de nosotros. Ahorrar costes en la gestión de los residuos sólo puede hacerse con buenas prácticas y, ahorrar costes en este asunto significa poder liberar recursos financieros para atender otras necesidades vitales esenciales de la ciudadanía. Es evidente el silogismo.

Muchas gracias, Gemma, por habernos atendido. Sin duda, tu punto de vista nos resulta de gran utilidad para entender el sentido de los cambios normativos y tributarios que estamos experimentando los últimos años en el sector ambiental.