La ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para la economía circular está posibilitando, por su endurecimiento en los objetivos de reciclado y recuperación, el aumento progresivo de las plantas de clasificación y tratamiento frente a los vertederos e incineradoras, destinados a eliminación.

El aumento de la población y, por ende, del consumo, además de la conciencia ambiental apuntan a un crecimiento en la demanda de los servicios encargados de la gestión de residuos que, aunque España genera menos residuos domiciliarios que otros países de Europa, su tasa de reciclaje es significativamente menor lo que impulsa la necesidad de mayor eficiencia en la separación en origen y en la optimización de los sistemas de gestión.

Según los datos publicados por el MITERD a través de la memoria anual de generación y gestión de residuos, España se está alejando del objetivo del 50% de reciclaje de residuos municipales exigido por la UE para 2020 y del 55% para 2025 y esto plantea la necesidad de un cambio por dos razones obvias:

• La ciudadanía entiende que sus actos son los adecuados pero los datos reflejan que sólo el 20% de los residuos municipales se recibe de manera separada en los centros de tratamiento lo que demuestra que el problema no es de las infraestructuras (España cuenta con un número de contenedores en vía pública y flexibilidad horario de depósito de residuos superior que la mayoría de los países europeos) sino de hábitos y concienciación por lo que es necesario analizar y actuar para generar el cambio.
• Por otra parte, nos encontramos frente a la obligatoriedad de cumplir con la normativa que, a partir de 2027, no considerará al material bioestabilizado procedente del tratamiento de la fracción resto como reciclado lo que mostrará que muchas comunidades autónomas no cumplen con los objetivos marcados.

Frente a este escenario es necesario actuar y, aunque hay que esperar los resultados que arrojan el impuesto sobre el vertido y la incineración, las tasas de residuos y el sistema de depósito devolución y retorno, la acción hacia la ciudadanía no puede ser la misma que hasta ahora porque los resultados no son los esperados. Es necesario la transparencia total en todos los procesos para implicar, concienciar y conseguir la colaboración ciudadana, así como ampliar los tratamientos y las políticas.