Desde la revolución industrial nuestra economía ha girado en torno al consumo energético de fuentes de origen fósil con su consecuente contaminación y perjuicio para la población y los ecosistemas pero, a día de hoy, la sociedad está concienciada de que hay que modificar hábitos de consumo para una disminución de la dependencia de fuentes de energía externas, máxime con las tensiones geopolíticas actuales.

El transporte es el principal foco emisor de contaminantes como NO2 y pequeñas partículas que son la causa fundamental de muerte prematura en entornos urbanos por la deficiente calidad del aire. En este sentido, el objetivo establecido para lograr una neutralidad climática en 2050 requiere un proceso continuo y constante, progresivo e irreversible de descarbonización donde todos los sectores económicos están implicados.

En este sentido, en diciembre de 2020, la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente sentó las bases de cómo el sistema de transporte de la Unión Europea puede lograr su transformación verde y digital y ser más resistente a las crisis futuras, con una reducción del 90 % en las emisiones para 2050 gracias a un sistema de transportes inteligente, competitivo, seguro, accesible y asequible. Por su parte, España cuenta, desde diciembre de 2021 con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada (es.movilidad) como hoja de ruta para la transformación del sistema de transportes y movilidad porque no es solo un motivo medioambiental sino que es una cuestión económica, industrial, energética y social del presente.

Con la ley de movibilidad sostenible miramos, entre otras, a la movilidad laboral y es que son muchos los desplazamientos que se realizan diariamente y que generan grandes efectos económicos, energéticos y ambientales; por ello, la implantación obligatoria de los Planes de Movilidad Sostenible al trabajo puede ser un punto de inflexión cuyo límite se sitúa en el 6 de diciembre de 2026 y que nos mostrará que el hablar de movibilidad sostenible no sólo es pensar en cambios de tecnología sino también cambios culturales.

Es importante repensar nuestras ciudades, diseñarlas para que las personas, y no el coche, sean los protagonistas, donde nos planteamos la sostenibilidad de cómo trabajamos, como compramos y cómo nos movemos y ahí, en este punto, rehacer las ciudades necesitadas de más puntos de recarga para esos automóviles que nuestra industria fabrica y que son competitividad e impulso a la eficiencia energética.

Para ello, el gobierno impulsa ayudas tipo Plan Auto+, dentro del Plan Auto y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Se pone en marcha el Plan MOVES Corredores para los puntos de recarga y MOVES Flotas Plus para la electrificación de flota de vehículos ligeros donde se mantiene la gran asignatura pendiente de los vehículos pesados y la descarbonización del transporte por carretera.

El incremento constante de ofertas de vehículos eléctricos, nuevos modelos, más marcas, más autonomías, mejores prestaciones y más variedad de precios y más competitivos ayudan a fomentar la compra del vehículo eléctrico. Si a eso le sumamos el aumento de puntos de recarga y su posición estratégica, nos encontramos ante un escenario apropiado para el desarrollo de la nuestra economía donde muchas marcas nuevas están dirigiendo sus inversiones a la puesta en marcha de antiguas plantas automovilísticas en nuestro país con vehículos cero emisiones, a la apertura de nuevas instalaciones y fábricas de cargadores de vehículos eléctricos generando competitividad, desarrollo, economía y empleo local.

Nuestros desplazamientos pasan a ser no solo una cuestión de movilidad sino también de sostenibilidad, economía y compromiso social.